Recientemente se firmó un acuerdo entre los titulares del Poder Ejecutivo y de la Secretaría de Economía con el fin de fortalecer la industria textil mexicana. La medida busca proteger la producción nacional y fomentar la creación de empleos en un sector que ha enfrentado prácticas desleales, como la evasión fiscal y el contrabando. El acuerdo establece un aumento en los aranceles de importación, aplicando un 35% sobre los productos textiles terminados y un 15% sobre las mercancías intermedias, que anteriormente no pagaban impuestos, excluyendo los mercados con los que México tiene tratados de libre comercio.
Marcelo Ebrard, secretario de Economía, explicó que el objetivo principal es evitar que algunas empresas importadoras de textiles eludan impuestos. Muchas de estas empresas comercializaban productos terminados pero los declaraban como intermedios para no pagar aranceles, IVA o ISR, lo que generaba una desventaja competitiva para las empresas mexicanas.
“El Producto Interno Bruto de la industria textil ha disminuido una tasa anual de 4.8 por ciento, es decir, cada año perdemos aproximadamente mil 129 millones de pesos; desde 2019 importamos más de lo que exportamos, las empresas IMMEX, que están en el programa que mencioné de importación de pieza son productos que se supone no son terminados deben devolver al menos 80 por ciento de las mercancías que importan, sin embargo el 48 por ciento de estas no cumplieron con el retorno, se quedaron en el mercado nacional, por eso estamos cerrando la puerta” dijo Ebrard.
Otro de los problemas identificados por el gobierno es que muchas empresas en el programa IMMEX, que permite la importación de productos intermedios para su ensamblaje y exportación, no han cumplido con la obligación de devolver el 80% de las mercancías importadas. Esto ha distorsionado el mercado, ya que casi el 50% de los productos que debían ser devueltos se quedaron en el mercado nacional. Como parte de las nuevas medidas, se ampliará la lista de productos que no podrán ser importados bajo este programa, y las empresas que no cumplan con las disposiciones podrían enfrentar sanciones severas, como la cancelación de sus patentes de importación.
El gobierno mexicano ha reforzado su lucha contra el contrabando y la evasión fiscal desde el inicio de esta administración, mediante el trabajo conjunto del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Todos los agentes aduanales están sujetos a fiscalización para garantizar el cumplimiento de las reglas y evitar prácticas ilegales. Este acuerdo refleja el compromiso del gobierno de proteger y fortalecer la industria textil nacional, que es clave para la economía y el empleo en diversas entidades del país, especialmente en estados como Puebla, Guanajuato y Coahuila
